Supremas decisiones

En los últimos días, la píldora del día después ha vuelto a hacer noticia. El tema ha sido puesto nuevamente en la agenda pública por la Iglesia Católica Romana, la cual declaró hace tres días que la política adoptada por el Gobierno de Chile al respecto importa “inconstitucionalidades de fondo, pues vulnera tres garantías fundamentales: derecho a la vida, derecho a la vida privada y el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos”.

De esta manera, se abrió el nuevo round pildorístico, con una tenaz oposición eclesiástica, parapetada de parafernalia, así como de ignorancia y prejuicio.

SUPREMAMENTE INCORRECTO

Luego, salió a la luz pública un fallo del Tribunal Constitucional, en la causa presentada por diputados de la Alianza. De los vistos: “Piden, en definitiva, que esta Magistratura pronuncie la inconstitucionalidad de la Resolución Exenta (Ministerio de Salud) Nº 584, de 1º de septiembre de 2006, y que, además, declare como un ilícito constitucional que el Estado, a través de cualquiera de sus organismos, autorice el uso, la distribución, la comercialización o la entrega de la llamada Píldora del Día Después, elaborada sobre la base del fármaco Levonorgestrel en la dosis de 0,75 mg., cualquiera sea su denominación de fantasía, disponiéndolo así esta sentencia, ordenando el registro de la misma ante la Contraloría General de la República y su publicación en el Diario Oficial”.

Los argumentos para tal descabellada solicitud son las mismas majaderas y tergiversadas falacias: el derecho preferente de los padres a la educación de sus hijos, y el derecho a la vida. Claro está que los Jóvenes por la Píldora estamos por la vida, algunos a favor y otros en contra del aborto. Pero nos consta que la pastilla no es abortiva, de manera que, siendo un anticonceptivo de emergencia, es libre de usarlo quien así lo desee.

De manera que por medio de la burocracia, se declaró inconstitucional en la forma el decreto exento del Ministerio de Salud en cuestión...

SUPREMAMENTE CORRECTO

A causa de este inconveniente, el Gobierno ha actuado de manera rápida y ha reaccionado de la mejor forma imaginable: el Gobierno acatará la sentencia del Tribunal, y en consecuencia la Presidente emitirá un decreto supremo que ordene lo que ha sido revocado por el Poder Judicial.

La ministra Paulina Veloso ha señalado, no sin razón: “Si se hace por resolución exenta o decreto supremo, la verdad es que no es extraordinariamente relevante”.

LA IGNORANCIA NO TERMINA AQUÍ

En palabras de la diputada María Angélica Cristi: “En relación a lo que a nosotros respecta, ahora queda por verse el fondo del requerimiento, el que repetiremos una y otra vez para defender la vida del que está por nacer y el derecho preferencial de los padres a velar y educar a sus hijos”.

Estábamos lamentando una mala noticia, y luego celebramos otra, esta vez buena. Mas podemos estar seguro de que esto no termina aquí.